Entrevista a Roberto Hernández (Presunto Culpable) Nov. 2013

“Recibí una amenaza de muerte a la una de la tarde y me recomendaron moverme del lugar en el que estaba”, dice en entrevista telefónica Roberto Hernández, autor del documental, “Presunto Culpable”.

Entrevista a Roberto Hernández. Publicado originalmente en Radio Nederland Internacional y Más de 131 el 12 de noviembre, 2013.

En un principio, habíamos quedado en vernos en un café en la Condesa, pero no llegó a la cita. El abogado y cineasta Roberto Hernández toma precauciones y no es para menos: en México, la persecución y asesinato de periodistas no es algo inusual.

Hernández accede finalmente a mantener la entrevista vía telefónica, pese a que la calidad del sonido es precaria y por eso, en varias ocasiones, difícil de llevar a cabo. Fue constante el ruido blanco y me percaté, tras escuchar la entrevista, tenues pero periódicos sonidos de corta duración, cada seis segundos, como los que indican que hay una llamada en espera.

“Presunto Culpable” enfrenta dos embates jurídicos, no solamente las demandas millonarias, sino también la censura que pesa sobre el documental: poco después de su lanzamiento en cines en el 2011, la exhibición, venta y distribución del filme quedó prohibida.

El pasado viernes en Morelia se decidió si la sentencia que emitió Blanca Lobo, jueza que dictaminó la censura del documental, puede o no permanecer. Sin embargo, por alguna razón, no se la ha dado aún a conocer.

“Lo que opino es que no tengo nada sólido sobre qué opinar porque no hay un fallo o una sentencia publicada por el Tribunal de Morelia”, explica Hernández.  Y agrega: “A los medios de comunicación se les dijo que iba a haber una sentencia favorable en pro de nosotros, que se iba a levantar la censura sobre la película. Yo pienso que esto no es exacto, no tenemos copia de la sentencia del Tribunal de Morelia y, en consecuencia, no sé qué dice la sentencia, por lo que no puedo opinar sobre ella”.

“Cabría esperar, agrega Hernández, que el Tribunal anuncie públicamente que la libertad de expresión es importante, que es importante que se ejerza el periodismo sobre temas de justicia penal, pero no es eso lo que está ocurriendo. Si desestima el amparo sobre la base de que el demandante no presentó la prueba antropométrica, lo que estará haciendo es realmente emitir una sentencia cobarde en donde no dice nada sobre la libertad de expresión y donde descarta una demanda con un argumento totalmente formalista. Y espero que no sea así”, concluye.

“Las autoridades nos quieren callar”

Pregunta: ¿Considera que es una especie de venganza de los jueces que, de alguna manera, se hayan sentido ofendidos por la labor periodística y documental que han hecho?

RH: Yo creo que sí, que estamos recibiendo una especie de venganza y hay varias razones por las cuales me permiten creer eso. Por ejemplo, la demanda que presentó Víctor Reyes y que motivó la censura del documental es una demanda muy mal fundamentada. Es una demanda donde Reyes planteaba que se había violado su libertad de tránsito y esa demanda, en realidad, no tenía razón de ser y no debía ser admitida para nada.  Y en lugar de que eso sucediera, hubo un exceso de creatividad del poder judicial y un exceso de ingenio para lograr darle trámite a esa demanda.

El actuar de la jueza Blanca Lobo Domínguez, que censuró la película, es jurídicamente inconstitucional, porque lo que ella hizo fue usar una facultad, que es un poco paternalista, que se conoce como la capacidad de suplir la deficiencia de la queja, que es poder enmendar una demanda mal planteada pero que tiene una posibilidad jurídica. Lo que la juez hizo fue levantar la demanda y transformarla en otra cosa que no decía originalmente. Y eso me parece que es jurídicamente muy cuestionable.

Y encima de eso, lo que hizo fue plantear que había un posible conflicto de derechos y que el derecho a la vida privada de Víctor Reyes y el derecho a la libertad de expresión de los directores de la película. Y después, ni siquiera resolvió el posible conflicto, sino que le pidió al RTC ( Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía) que ellos evaluaran si había realmente un conflicto de derechos.

Dicha sentencia fue recurrida y atacada y ha tardado más de dos años en resolverse… ¿Por qué no emiten una sentencia si han pasado más de novecientos ochenta días desde que se censuró la película?

P: ¿Ve alguna especie de retroceso en términos de garantía y derechos civiles en México?

RH: Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de precedentes que son muy garantistas y entonces en ese sentido sí cabe hablar de un retroceso. Pero en realidad no hay un retroceso: en realidad nunca había habido antes de Presunto Culpable una crítica tan fuerte hacia el poder judicial y hacia sus métodos y, en ese sentido, la pregunta es si van a ser igual de protectores y de garantistas con la libertad de expresión cuando se trata de cuestionar al poder judicial; porque ese es un elemento nuevo y lo que se está viendo es que a los jueces le cuesta trabajo ser jueces y ser imparciales cuando la libertad de expresión se usa para cuestionarlos a ellos y a sus métodos.

No puedo hablar de un retroceso porque es la primera vez que sucede esto. Hay varias indicaciones de que no les gusta el documental. La Corte fue muy conservadora cuando le tocó decidir si atraía el caso. En lugar de atraerlo, dejaron que el tribunal de Morelia decidiera estas cuestiones que son muy importantes.

Dejar que el Tribunal de Morelia decida si hay censura previa me parece muy grave. Yo creo que es una pregunta que debió haber resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La pregunta jurídica es: ¿Puede haber censura previa cuando se hace un cuestionamiento del poder judicial? Y la respuesta es muy clara: no debe haber una censura previa bajo ningún concepto. No queremos que haya burócratas decidiendo qué es lo que se puede ver en una pantalla de cine o de televisión.

P: ¿Qué puede hacer la  sociedad civil para evitar que esto vuelva a repetirse?

RH: El tema más urgente es que los he denunciado a las autoridades por amenazas de muerte y no están investigando las amenazas con la eficiencia que deberían para que puedan dar con la persona que las emitió. Eso por un lado.

También seguir presionando al Poder Judicial para que emita un fallo o una sentencia que sea clara y apoye a la libertad de expresión y que el Poder Judicial diga que a pesar de que la libertad de expresión se use para cuestionar al Poder Judicial, vamos a apoyarla y no vamos a permitir que la película sea censurada de forma previa, a pesar de que se los critique. Lo tenemos que exigir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o como podamos.

Lo segundo es que, aunque la Suprema Corte o el poder Judicial levanten la censura que hoy pesa sobre el documental, porque se han atacado los permisos de exhibición que se dieron para que la película sea distribuida.

Hay una serie de litigios civiles que se están litigando a nivel de la Ciudad de México (Tribunales Locales de la Ciudad de México) y en esos litigios civiles los reclamos suman como tres mil millones de pesos, entonces podría no haber censura legal, pero existe censura de facto, porque el riesgo económico es muy alto.

No hay que quitar el dedo del renglón y estar atentos a lo que decida el poder Judicial Local con estos litigios.

Hay razones para estar consternado porque el poder judicial local ha cerrado sus puertas a las audiencias a los medios de comunicación; ha hecho audiencias secretas, hay jueces que se han declarado incompetentes porque se consideran que no son imparciales o que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF ha hecho comentarios que son desafortunados: ha dicho que la película está editada de forma manipulativa, ha dicho que el protagonista del documental no probó su inocencia, ha dicho que filmamos a las personas sin su consentimiento, cuando esto es falso porque obtuvimos el permiso de filmar esas audiencias y contábamos con una autorización legal para filmar las audiencias públicas.

En fin, hay una serie de cosas que nos indican que, en lugar de cambiar, las autoridades nos quieren callar, hay conductas que nos indican que, en lugar de que estén abiertos a la crítica que hicimos de buena fe, quieren manipular a la opinión pública para no tener que reformarse a sí mismos y cambiar sus métodos de trabajo.

Me parece que la libertad de expresión tiene ese sentido: no se trata de que me dejen expresar, se trata de que haya un diálogo con la autoridad y que esté dispuesta a revisar sus métodos de trabajo y mejorar la forma en la que imparte justicia para que entonces tenga sentido el riesgo que corremos como ciudadanos cuando confrontamos el poder con una crítica. Eso es lo que creo que falta y eso es lo creo que juntos debemos presionar para que ocurriera.